Rol mediador de las mujeres en los procesos de consolidación de la paz internacional

Características de los conflictos políticos actuales

En el año 2000, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas publicó la Resolución 1325, instrumento que se focaliza en los impactos diferenciales que los conflictos sociales y militares tienen sobre la población femenina, junto con vislumbrar cómo las mujeres cumplen un rol de «agentes de paz», para la resolución de los mismos conflictos.

El informe «Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz» (OnuMujeres, 2015), publicado en octubre de 2015, ratificó la vigencia de los principios y orientaciones de la Resolución 1325, lo que se ha consolidado a través de la Agenda «Mujer, paz y seguridad». Hoy la naturaleza cambiante de los conflictos, causas y consecuencias, respaldan la importancia de centrar los esfuerzos en las mujeres, ya sea porque son las principales víctimas o bien porque su participación activa en la sociedad influye en la prevención y/o consolidación de una paz estable y duradera.

En efecto, los conflictos tradicionalmente concebidos como disputas entre Estados, por causas limítrofes y territoriales, hoy presentan características completamente distintas. El término de la Guerra Fría facilitó la emergencia de aquellas diferencias que se habían mantenido contenidas por la polarización mundial. Hoy ya no solo intervienen dos partes, sino varios actores (Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2009), haciendo mucho más compleja la mitigación de daños a la población. El nuevo escenario internacional generó procesos de introspección que desataron conflictos internos gatillados por múltiples factores, tales como: «diferencias lingüísticas, de raza, religiosos u odios pasados (…) Grupos gobernantes, mayoritarios o minoritarios, luchan por tomar el poder y sojuzgar e incluso exterminar al grupo rival» (Villaverde, 2009, p.5).

Otra característica de los conflictos actuales, es el nivel de violencia desatado y el escenario en el que se desencadenan las crisis, afectando mayoritariamente a la población civil. A partir de 1989, Naciones Unidas reconoció que los desafíos de la seguridad internacional ya no consistían solamente en evitar o apoyar la no ocurrencia de conflictos entre Estados, planteando que «la ausencia de guerras y conflictos militares entre los Estados no asegura por sí misma la paz y la seguridad internacional. Las causas no militares de inestabilidad en las esferas sociales, económicas humanitarias y ecológicas se han convertido en amenazas a la paz y seguridad» (Naciones Unidas, 1992, p.3).

Expresión de aquello se vivió en la década del 90, tras las crueles experiencias en Somalia, Ruanda y Bosnia y Herzegovina. No obstante, esta modalidad y consecuencias se ha mantenido en el tiempo y hoy la situación en Siria, que se extiende hace cinco años, no deja de impactar con más de doscientos setenta mil muertos, casi cinco millones de refugiados y por sobre los catorce millones de desplazados (ACNUR, 2015).

Consecuencias o impacto de los conflictos en las mujeres

Las mujeres están presentes y participan en el marco de situaciones de conflicto armado (ya sea como víctimas o como miembros activos de las Fuerzas Armadas o de los grupos organizados armados), estando su experiencia en buena parte determinada por el estatus que tienen en la sociedad en la que dicho conflicto existe. En culturas en las que la violencia y la discriminación existen previamente a un conflicto armado, éstas tienden a exacerbarse.

Al respecto, Estébañez indica que la mujer, en situaciones de conflicto armado o guerra «suma a su situación de desigualdad y discriminación por ser mujer, con todo lo que ello implica (desigualdad en el acceso a los servicios de salud, falta de recursos de salud materno-infantil, violencia de género o menor capacidad de decisión o de acceso a la educación, mayor dificultad para acceder a los recursos económicos, etc.), la discriminación derivada de la situación de refugiada o víctima de la violencia armada, que empeora su situación» (Estébañez, 2012).

Pérez y Romo (2012) señalan que las mujeres en época de conflicto cumplen un rol social normalmente asociado a un sujeto pasivo, muchas veces invisible y siempre como víctima del conflicto, frente al rol de combatiente del hombre. También cumplen roles asociados con la construcción de la paz, no obstante no siempre este papel es reconocido. Las autoras igualmente plantean que «la mayoría de las víctimas de las guerras son hoy en día civiles (mujeres y niños) más que militares, y, sobre todo, las mujeres y las niñas son víctimas de violaciones, en los más de los casos de forma masiva, ya que es utilizada como «arma de guerra» entre los contendientes, con el consiguiente daño físico, moral y social que sufren las mujeres que lo padecen» (Pérez y Romo, 2012).

Diversos autores coinciden en que una de las características de los conflictos modernos es la «dimensión humana», puesto que es la población civil la principal víctima de estas situaciones. En ese sentido, Jiménez llama a centrar la atención sobre la importancia de considerar la «dimensión de género en los conflictos armados», puesto que son las mujeres y las niñas quienes mayormente sufren las consecuencias de los conflictos. Al respecto, plantea que «las mujeres generalmente no salen a luchar y permanecen la mayor parte desarmadas, solas a cargo de la familia y sin protección» (Jiménez, 2012). En ese contexto, cuando la seguridad institucional se ha desintegrado y las armas han proliferado, las mujeres son particularmente vulnerables.

En gran parte de los conflictos, uno de los más recurrentes atropellos a los derechos humanos de las mujeres es la «violencia sexual» de la que son objeto. La violación y abuso sexual ha sido utilizada como arma y agresión entre los combatientes durante años. Hay evidencia que en Sierra Leona, Ruanda, Liberia, Congo o la ex-Yugoslavia las mujeres, especialmente las más jóvenes e incluso las niñas, fueron secuestradas o reclutadas a la fuerza para ser utilizadas sexualmente o como esclavas (Estébañez, 2012, p.265). En Liberia casi la mitad de las mujeres y niñas sufrieron abusos físicos o sexuales. En Bosnia fueron violadas entre 30.000 y 40.000 mujeres y, en el éxodo que protagonizaron los vietnamitas a través del mar a finales de la década de los setenta y principios de los ochenta, se calcula que el 39% de las mujeres fueron raptadas o secuestradas, en su mayoría por piratas (Naciones Unidas, 2013).

Las violaciones, con lo grave que son para las personas afectadas, también traen consecuencias asociadas a la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/Sida y Virus Papiloma Humano (VPH), que puede derivar en cáncer. Por ejemplo, en un estudio realizado en Ruanda entre mujeres abusadas sexualmente a consecuencia de la guerra, se obtuvo como resultado que el 66% de éstas dieron positivo en la prueba de VIH/SIDA, frente al 11% de las que no habían sido violadas (Lydon, 2007).

Estébañez (2012, p.265) también revela que los campos de refugiados no son lugares seguros para las mujeres. Se demostró, por nombrar otro ejemplo, que en Tanzania tras el genocidio de Ruanda, los jóvenes hutus se introdujeron sistemáticamente en los campos para violar a mujeres y niñas, amparados en un deseo de reemplazar y aumentar la población de su etnia. El 80% de las dos mil mujeres que se hicieron pruebas voluntarias de VIH dieron seropositivo. A pesar de lo anterior, los casos de abusos y violaciones contra las mujeres no solo provienen de los bandos combatientes sino también de parte del personal que participa en Operaciones de Paz. A partir del año 1997 (Forte, 2007) se hicieron públicos estos casos, pero fue a raíz del «escándalo del Congo» que Naciones Unidas presentó, en 2005, un informe con el reporte y recomendaciones sobre abusos por integrantes de Operaciones de Paz (Naciones Unidas, 2005).

Esta situación llevó a la Corte Penal Internacional, con ocasión del genocidio de Ruanda, a considerar la esclavitud sexual, la violación, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual como crímenes de lesa humanidad, declarando la violación como «crimen de guerra». Esto significa que los ataques a las mujeres por parte de milicias armadas, de forma tan extendida y brutal, responden a un objetivo militar. No son accidentales, sino que persiguen algo concreto, ya sea sembrar el terror y provocar el desplazamiento de grandes poblaciones, destruir comunidades enteras, eliminar a una raza o etnia determinada o recompensar a las tropas (Amnistía Internacional, 2004).

En suma, hay evidencia suficiente para concluir que las mujeres y niñas ante conflictos armados se encuentran en una posición de extrema vulnerabilidad a los abusos y al contagio. En relación a esto, Robles y Frieyro de Lara (2012) plantean que la incidencia que tienen los conflictos armados sobre la población civil revela que parte de la violencia que generan las guerras es específica de género. Tal como se anunció precedentemente, esto ha sido gatillado por el hecho de que se exacerban conductas discriminatorias ya presentes en la sociedad por la posición de desventaja de las mujeres en la sociedad, que se expresa en consideraciones de poder y supremacía de los hombres y escasas oportunidades para participar en la toma de decisiones.

Ahora bien, incluir la perspectiva de género en el análisis de los conflictos armados no implica que siempre se trate a la mujer como una víctima, ni a los individuos de sexo masculino como absolutos y únicos perpetradores de la violencia. Más bien, esto implica establecer medidas de protección, y también replantearse acciones que posibiliten aumentar la presencia de mujeres en la resolución política de los conflictos, como una garantía de que el género será considerado de forma efectiva como una cuestión prioritaria para las situaciones de extremo riesgo de las mujeres en zona de conflicto (Robles y Frieyro de Lara, 2012).

Jack señala que tener en cuenta la perspectiva de género en los procesos de conflicto y consolidación de la paz, es una oportunidad para construir sociedades más igualitarias (Jack, 2002). Complementariamente, Danodio y Mazzota (2011) plantean que transversalizarla perspectiva de género en las Operaciones de Paz, e incorporar a mujeres y hombres en el proceso de toma de decisiones de las mismas, tiene los siguientes efectos:

• Una Operación de Paz integrada por hombres y mujeres permite una mayor representación de los habitantes en el lugar donde se despliegue, favoreciendo la legitimación y recepción por parte de la población local.
• La presencia de mujeres facilita el acercamiento de las afectadas por el conflicto, que por cuestiones de vergüenza o temor no acuden de igual manera a los hombres.
• Mejora el acceso a los servicios sociales, al asesoramiento y difusión de información sobre la violencia basada en género.
• Reduce la cantidad de abusos sexuales y violaciones, sobre todo en los campamentos de desplazados y refugiados.
• Promueve e incentiva la participación de las mujeres locales y sus organizaciones en los procesos políticos post-conflicto.
• Limitar la posible falta de disciplina del componente masculino de las misiones, reduciendo la prostitución.

La consolidación de la paz, la incorporación de la perspectiva de género, y específicamente de las mujeres, en los procesos de estabilización son fundamentales. Así lo ha reconocido Naciones Unidas. En este sentido, el Secretario General de la Organización, en el Informe sobre participación de las mujeres en la consolidación de la paz de 2010, señalóque «garantizar la participación de la mujer en la consolidación de la paz no es sólo cuestión de garantizar el disfrute de los derechos de las mujeres y las niñas. Las mujeres son agentes decisivos en el apuntalamiento de tres pilares para una paz duradera: la recuperación económica, la cohesión social y la legitimidad política» (Naciones Unidas, 2010).

En suma, la perspectiva de género en la resolución de los conflictos ha cobrado una importancia significativa en las últimas décadas, a través de la intervención del Consejo de Seguridad mediante la publicación de la Resolución 1325. En ella, el Consejo reconoce que «la paz está inextricablemente unida a la igualdad entre hombres y mujeres» y que «el acceso pleno y la participación total de las mujeres en las estructuras de poder y su completa implicación en los esfuerzos para la prevención y la resolución de conflictos son esenciales para el mantenimiento y la promoción de la paz y la seguridad» (Naciones Unidas, 2000).

A partir de ahí, siete resoluciones adicionales han sido adoptadas. En todas ellas se reconoce que la violencia sexual hacia las mujeres es un problema de seguridad internacional y que la participación de éstas, en un marco de estrategias de respuestas multidimensionales, es eficaz y necesaria para asegurar la construcción de sociedades más justas y menos expuestas a las amenazas. Este esfuerzo, así como otros, han permitido avanzar en la inclusión de cuestiones de género, problemáticas y necesidades de las mujeres en los acuerdos de paz y/o programas de post conflictos. Datos de Naciones Unidas corroboran que la participación de mujeres en el camino a la paz, triplica las posibilidades de que los acuerdos perduren en el tiempo.

Rol mediador de las mujeres en los conflictos internacionales

La experiencia de OnuMujeres sobre la promoción de la presencia de mujeres en los procesos de mediación y mesas de negociación ha reafirmado la importancia de crear espacios equitativos e inclusivos de resolución de conflictos. La entidad ha planteado que «la participación de mujeres puede ayudar a comprender mejor las causas de un conflicto y sus soluciones alternativas, así como impulsar medidas que den respuesta a las distintas necesidades para consolidar la paz en el tiempo» (OnuMujeres, 2016).

Como se indicó con antelación, la Resolución 1325 de Naciones Unidas ha sido acompañada de una serie de Resoluciones complementarias, que han reafirmado la necesidad de empoderar a las mujeres como partícipes fundamentales en la mediación y resolución de conflictos. Estas Resoluciones, son las siguientes: Resolución 1820 del año 2008, Resolución 1888 del año 2009, Resolución 1889 del año 2009, Resolución 1960 del año 2010, Resolución 2106 del año 2013, Resolución 2122 del año 2013 y Resolución 2242 del año 2015. Junto con destacar la persistente preocupación de Naciones por actualizar los mandatos del Consejo de Seguridad en función de los impactos diferenciales que los conflictos tienen sobre las mujeres, en cada una de las resoluciones se observa un énfasis especial, que ha determinado el rol mediador y negociador que las mujeres detentan en la actualidad. En la tabla de 1 se exponen los énfasis mencionados.

Diversos estudios de Naciones Unidas comprueban los efectos positivos que la implementación de estas Resoluciones ha tenido en materia de mediación y negociación. La mayoría de estos resultados son adoptados por los diversos países mediante instrumentos que han denominado «Planes de Acción Nacional» (PAN), donde se incluyen categorías e indicadores especiales para dar cumplimiento a las recomendaciones que emanan de las resoluciones. Uno de estos estudios, titulado «Participación de las mujeres en las negociaciones de paz: relaciones entre presencia e influencia» (OnuMujeres, 2012), proporciona un esfuerzo crítico a la promoción de este rol que, en resumidas cuentas, no es más que la creación de nuevos liderazgos políticos para la toma de decisión.

En el señalado documento, OnuMujeres hace un catastro del comportamiento de las mujeres en las mesas oficiales de consolidación de la paz, donde se destaca que tras la evaluación de 33 procesos de paz que tuvieron lugar en el año 2008, sólo un 4% de ellos contaban con mujeres en sus mesas negociadoras (11 de 280 personas). Sumado a lo anterior, se determinó que la participación promedio de las mujeres en las delegaciones gubernamentales que asesoraban la resolución de conflictos sólo llegaba al 7% (2012). Por supuesto, la inclusión femenina de las partes no gubernamentales que participan de las hostilidades es alarmantemente menor. Estos bajos índices llevaron a reforzar este ítem en las Resoluciones 2106, 2122 Y 2242 que, tal como se observó en la tabla anterior, fueron mucho más propositivas en estas materias, destinando contundentes presupuestos a ser implementados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, principalmente.

Naciones Unidas adoptó este déficit como un asunto prioritario para la gestión del Consejo de Seguridad, tomando las siguientes medidas generales: a) Incluir a las mujeres como delegadas de las partes implicadas en la negociación; b) Como mediadoras o miembros de los equipos de mediación; c) Como agrupaciones políticas negociadoras compuestas exclusivamente por mujeres, en defensa de sus propios intereses (impactos diferenciales mencionados a lo largo de este artículo); d) Como signatarias; e) Como testigos; f) Como representantes de las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, en calidad de observadoras; g) Como Asesoras mediadoras en perspectiva de género; h) Como miembros de comités técnicos dedicados a las cuestiones de género.

Esta reivindicación político-social, busca poner resistencia a los comportamientos discriminatorios que las sociedades bajo conflicto suelen agudizar, aportando a la reconstrucción social, moral y económica de las comunidades locales bajo fuego. En definitiva, se contribuye directamente a la diversificación de intereses que los procesos de transición política deberán consolidar para garantizar el éxito de una paz estable y duradera, tanto institucional como social. Por tanto, aquí se habla de intervenir directamente en los procesos de reconciliación, verdad, justicia y, por cierto, reparación. Todos ellos, son elementos fundamentales y prioritarios para la garantía de una transición política exitosa.

Cuando los países bajo conflicto pasan por transiciones políticas exitosas, se observa que los acuerdos de paz que derivaron de las negociaciones son mucho más duraderos en el tiempo cuando incluyen una perspectiva de género en su mandato. Un caso relativamente exitoso fue, por ejemplo, el de Somalia, que en 2011 «incluyó una cuota mínima del 30% para la participación de las mujeres en los seis comités encargados de llevar a cabo las tareas prioritarias para completar la transición» (OnuMujeres, 2012, p.19).

La superación de la «brecha de género» en estos contextos cumple un rol importante para garantizar la paz internacional. Por este motivo, el Balance Global que en 2015 realizó Naciones Unidas para evaluar el rol de las mujeres en las instancias de negociación y medición, es indicativo de varios aspectos (OnuMujeres, 2015), entre ellos, de la facilidad de la población femenina para adaptarse a las condiciones políticas desfavorables que se encuentran en contextos bajo conflicto, donde la inclusión de la perspectiva de género no es precisamente un asunto urgente para los actores que intervienen. Por este motivo, la necesidad de diversificar géneros en los procesos de toma de decisión no sólo es favorable para las mujeres, sino que para el éxito de los propios diálogos de paz.

En el Balance Global, se incluye la experiencia de diversas mujeres que han participado en estos escenarios, quienes refuerzan lo señalado mediante indicadores cuantitativos. Por ejemplo, «se ha demostrado que los procesos de paz en los que participan mujeres como testigos, signatarias, mediadoras o negociadoras tienen una probabilidad un 20% mayor de culminar en un acuerdo que dure como mínimo dos años. Este porcentaje aumenta con el tiempo, ya que la probabilidad de que el acuerdo de paz dure 15 años se incrementa en un 35%» (OnuMujeres, 2015, p. 49).

En consideración a que los conflictos amplían la brecha de género (es decir, agudizan las desigualdades), existe una tendencia natural de los países a destinar los presupuestos a acciones de emergencia (salud, vivienda, contención de la población), omitiendo por completo la inyección presupuestaria para la incorporación de perspectivas que género que, comprobadamente, pueden aportar a la protección de los grupos más vulnerables de las hostilidades. Por este motivo, cuando las mujeres ven limitado su acceso a la tierra, a la gestión económica familiar, a la información o capacitación, no sólo se impide el uso de un derecho, sino que también se impacta en el corazón del «esqueleto familiar» que suelen ser justamente las mujeres. El menoscabo en la resolución de las hostilidades que estos hechos conlleva, puede determinar negativamente el éxito de la transición política, culminando, tarde o temprano, en su fracaso.

Consideraciones finales

Sin duda, existe bastante evidencia de los efectos positivos que conlleva la inclusión de las mujeres en los procesos de reparación, transición y reparación de sociedades que han participado de hostilidades militares y políticas. Estos efectos no sólo contribuyen al bienestar de las propias mujeres, sino que también a la garantía de escenarios favorables para la negociación y cese del fuego, que en muchos casos da pie incluso para el desarme y la reintegración social de los ex combatientes.

Por tanto, los resultados integrales que devienen de la participación activa de las mujeres, en calidad de «agentes de paz», permite suponer que su inclusión ha sido consistente y promovida por los propios países. No obstante lo anterior, también se ha comprobado que la toma de conciencia de estos beneficios ha sido lenta y poco consistente, aun teniendo en cuenta los efectos favorables que se han rescatado en este documento. Esta situación, ha obligado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a ser mucho más proactivo en los mandatos que se incluyen en las Resoluciones complementarias a la 1325, lo que se ha observado con fuerza desde el año 2013. Esta proactividad ha impactado directamente en sus directrices de negociación y mediación, donde se ha aplicado la creciente incorporación de mujeres expertas que han recibido capacitación especial en estos asuntos.

Hoy por hoy, existe cierto acuerdo internacional para incluir perspectivas de género en las rondas de negociación política, empero, aún subsisten obstáculos en materia de control de refugiados y de propagación de enfermedades de transmisión sexual, que se multiplican en aquellos escenarios donde las mujeres sufren masivamente violencia sexual basada en género como arma de guerra. Entre otros de los desafíos que aún están presentes, figura el rol de la justicia y las comisiones investigadoras, que suelen presentarse una vez que los diálogos culminan y se pasa formalmente a las instancias propias de una transición. El acceso a la verdad y la rendición de cuentas que envuelve todo proceso de justicia transicional aún no ha sido consistentemente abordado por alguna resolución del Consejo de Seguridad, por tanto, figura fuera de las prioridades internacionales y, en consecuencia, está poco apoyada por los presupuestos de Naciones Unidas o de sus Estados miembros.

A pesar de lo señalado, los cambios han sido notorios en otros aspectos, como el cese al fuego, la mitigación de los impactos diferenciales sobre las mujeres, el control de desplazados y refugiados y la cohesión familiar (entendiendo en este aspecto a la mujer como sostén esencial de sus familias y comunidades). La gracia de estos avances, es que no sólo se hace referencia a la necesidad de empoderar a mujeres expertas que participan de delegaciones gubernamentales, sino que se ha apoyado con fuerza a la mujer local, que es el grupo clave para la implementación de los acuerdos de paz. Si se hace un buen trabajo en este campo, la aplicación de las medidas que se encuentran en los acuerdos post negociación se propagará con mayor facilidad, garantizando el éxito en el establecimiento de una paz duradera.

Referencias

ACNUR. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. (2015). Emergencia en Siria. Recuperado del sitio web de ACNUR: http://bit.ly/2bCtcg2

Amnistía Internacional. (2004). Vidas rotas. Crímenes contra mujeres en situación de conflicto. No más violencia contra las mujeres. Recuperado del sitio web de Amnistía internacional: http://bit.ly/2hptuXX

Danodio, M. y Mazzota, C. (2011). La mujer en las instituciones armadas y policiales. Resolución 1325 y operaciones de paz en América Latina. Buenos Aires, Argentina: RESDAL.

Estebañez, P. (2012). La mujer en conflictos armados y guerras_. Cuaderno de estrategia, 157_, 263-302.

Forte, D. (2007). Violaciones de derechos humanospor integrantes de las misiones de paz de la ONU. Recuperado del sitio web del African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD): http://bit.ly/2izmx8I

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2009). Las operaciones de paz hoy. Recuperado del sitio web del Instituto Interamericano de Derechos Humanos: http://bit.ly/2htdOVy

Jack, A.(2002). Gender and Armed Conflicts. General Report. Londres, ReinoUnido: Bridge Institute of Development Studies. University of Sussex Brighton.

Jiménez, X. (2012). Perspectiva de Género en operaciones de paz de Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos: Instituto para formación en Operaciones de Paz.

Lydon, C. (2007). Old Ways and New Spread AIDS in Africa. Radio Open Source. Recuperado del sitio web: http://bit.ly/2imOMnM

Naciones Unidas. (1992). Declaración del Consejo de Seguridad. Doc. A/23.500. Recuperado del sitio web de ONU: http://bit.ly/2iaj0KY

Naciones Unidas. (2000). Resolución 1325: Mujer, Paz y Seguridad. Nueva York, Estados Unidos: Consejo de Seguridad.

Naciones Unidas. (2005). Informe del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz y su Grupo de Trabajo en el período de sesiones sustantivo de 2005. Documento ONU A/59/19. Recuperado del sitio web de ONU: http://bit.ly/2ia7AXv

Naciones Unidas. (2010). _Participación de la mujer en la consolidación de la pa_z. Recuperado del sitio web del Secretario General de ONU: http://bit.ly/2hjQ1Ct

Naciones Unidas. (2013). Report_on United Nations Comisión on Human Rights_. Nueva York, Estados Unidos: Ediciones del Alto Comisionado de ONU para los Derechos Humanos.

OnuMujeres (2012). Participación de las mujeres en las negociaciones de paz: relaciones entre presencia e influencia. Recuperado del sitio web de OnuMujeres: http://bit.ly/2iagRPi

OnuMujeres (2015). Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz. Estudio mundial sobre la aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nueva York, Estados Unidos: Ediciones OnuMujeres.

OnuMujeres. (2016). Prevención y resolución de conflictos. Recuperado del sitio web de OnuMujeres: http://bit.ly/2aknaQ5

Pérez, M. y Romo, N. (2012). Igualdad y género. Conceptos básicos para su aplicación en el ámbito de la seguridad y defensa. Cuaderno de estrategia, 157, 21-51.

Robles, M. y Frieyro de Lara, B. (2012). La integración de la perspectiva de género en el análisis de los conflictos armados y la seguridad. Cuaderno de estrategia, 157, 53-88.

Villaverde, A. (2009). La protección y promoción de los derechos humanos en las operaciones de paz de Naciones Unidas. Recuperado de http://www.academia.edu/4894564